FAMILIA CALFULLANCA

Desapariciones misteriosas, conflictos que se resuelven como una suerte de far west y apellidos poderosos que manejan el territorio a gusto. Un caso representativo de lo que ocurre en el suelo patagónico es el de Cholila. En esta pequeña localidad de casi 2500 habitantes enclavada en el valle homónimo, cerca del Parque Nacional Los Alerces y a pocos kilómetros de Cushamen, hay una pregunta que no tiene respuesta: ¿dónde están los Calfullanca?
Genaro y Cristian, padre (47) e hijo (20), desaparecieron durante la Semana Santa del 2013. Peones rurales y alambradores de oficio, la última vez que fueron vistos estaban trabajando dentro de la estancia de Raúl Zarza en las Horquetas, una zona montañosa ubicada a la vera del río Tigre, en las afueras del pueblo. Ropa y comida, sólo eso encontraron. Desde entonces, a pesar de los incesantes reclamos de familiares, amigos y organismo de derechos humanos, nunca más nada se supo de ellos.
En Cholila, donde prevalecen las casas bajas y comercios familiares, y cuyos días transcurren a ritmo lento y la siesta se respeta casi religiosamente, reina un silencio incómodo. Ni el gobierno local ni la justicia ayudaron con la investigación. En realidad, todo lo contrario. “Hicieron que los buscaron un tiempo, los usaron políticamente y luego se desligaron”, afirman con impotencia y dolor el resto de los Calfullanca, una familia numerosa y de raíces humildes.
Desde un principio, la búsqueda estuvo cargada de irregularidades. El fiscal a cargo, Oscar Oro, nunca entró al lugar de las desapariciones. Se dedicó a gestionar la causa a la distancia por medio de una especie de comité de crisis que se organizó en el pueblo y fue controlado por Néstor Becerra, jefe de gobierno durante la gestión del ahora ex intendente Héctor Miguel Castro, quien supo gozar de la confianza del histórico gobernador fallecido Mario Das Neves y aún mantiene un poder casi feudal en la región. A la familia, incluso, el Juzgado Federal de Esquel les llegó a negar un Habeas Corpus por entender que no se trata de una desaparición forzada, algo que recién se lograría por medio de la intervención de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Otro aspecto, cuanto menos curioso, que sobresale del caso es que tiempo antes de que se perdiera su paradero, Genaro había quedado atrapado en una disputa de tierras locales. Tenía que declarar en el juicio que la docente y política Débora Finkelstein le había iniciado a su vecino Nazareno Ruiz, quien resultó ser el cuñado de Becerra.
“Genaro era el jefe de la cuadrilla del campo de Finkelstein. Como la familia Ruiz decía que parte de ese terreno le pertenecía, tiraba los alambrados que construía. Entonces, como él se encargaba de volver a levantarlos, comenzó a recibir amenazas constantes”, afirma el abogado Edgardo Manosalva, representante de la familia.
En ese sentido tampoco se avanzó. La investigación terminó de caer en un pozo ciego en 2015. A principios de aquel año, en Cholila –puntualmente- se originó uno de los incendios más grandes de la historia del país. Entre las 34 mil hectáreas de bosque nativo que quedaron reducidas a cenizas, una superficie similar en tamaño a la Ciudad de Buenos Aires, se encontraba la zona donde habían sido vistos por última vez los Calfullanca. Es decir, si aún quedaban más pistas o evidencias materiales por descubrir, el fuego se las tragó para siempre.
En Cholila hoy todos sospechan pero casi nadie se anima a hablar “¿Casualidad o intencionalidad? ¿Se trató de una especulación inmobiliaria? ¿Hubo un ajuste de cuentas?”, con el incendio, los interrogantes se multiplicaron pero las respuestas no aparecieron. Todas hipótesis, ninguna certeza. La familia ya no sabe qué hacer. En la actualidad, el caso está como al comienzo, aunque con el agravante de que el paso del tiempo cada vez conspira con mayor fuerza contra la verdad.